El Ministerio Público de Panamá hará una investigación "exhaustiva y eficiente" del caso de abusos sexuales y sicológicos a menores en albergues, dijo este lunes Javier Caraballo, el fiscal general encargado del país.
Caravallo es el líder encargado del Ministerio Público (MP, Fiscalía) luego de que Eduardo Ulloa renunciara al cargo por el escándalo de los abusos en los albergues, y cuando se espera el inicio de los juicios es casos de corrupción de alto perfil como los sobornos de Odebrecht y FCC.
"Quien les habla es un padre de familia, y les puedo asegurar que mientras esté en la Procuraduría General (MP) voy a supervisar y garantizar que se haga una investigación dinámica, objetiva, exhaustiva y eficiente de esos casos", dijo Caraballo al ser preguntado sobre el caso de los albergues.
Agregó que "todas las personas independientemente de su condición política, económica o religiosa que tengan alguna responsabilidad en este caso se les llevará ante la justicia".
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"Quien les habla no responde a ningún partido político o grupo económico o religioso de este país. Mi único compromiso es con la Constitución y la ley", aseguró Caraballo.
Ulloa anunció el pasado miércoles su "renuncia irrevocable" al cargo efectiva a partir de este lunes "por los últimos hechos que han conmocionado a la nación panameña", en relación a los abusos de los menores en albergues.
"Ha tomado posesión del cargo como encargado de la Procuraduría General de la Nación, Javier E. Caraballo, hasta tanto el Consejo de Gabinete acuerde, conforme al numeral 2 del artículo 200 de la Constitución, designar al nuevo Procurador General de la Nación titular", escribió este lunes en su Twitter el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.
Hace tres semanas, una subcomisión parlamentaria destapó un escándalo de abusos sexuales y maltratos físicos y psicológicos a decenas de menores de edad desde 2015 en 14 albergues bajo la supervisión del Estado.
Aunque los albergues estén supervisados por el Estado, a través de la estatal Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), están administrados por ONG y fundaciones, muchos de los cuales subsidios públicos.
Los hechos han provocado una ola de indignación social desde hace semanas con manifestaciones en todo el país para exigir justicia y mostrar su repudio ante lo sucedido.
El presidente Cortizo pidió el máximo castigo para los responsables, pero ha sido duramente criticado por no destituir a ningún funcionario lo que incluso le ha valido acusaciones de "complicidad".
